Punto de Salida
El siglo XIX mexicano fue escenario del enfrentamiento ideológico y político entre conservadores y liberales, protagonistas en la Guerra de Reforma. Los primeros proclamaban el centralismo y estaban anclados al viejo régimen colonial; mientras que, los segundos se adherían al federalismo y se identificaban con los intereses de los sectores modernos de la sociedad, que pugnaban por el libre comercio inspirados en el principio: «dejar hacer, dejar pasar». Estas ideas liberales provenían del continente europeo y eran sustentadas por autores como Adam Smith, Jean J. Rousseau, Jeremy Bentham, John Locke y Thomas Hobbes, cuyo pensamiento se orientó al individualismo y utilitarismo económicos, entre otros caminos.
Una fracción de la burguesía que emergió en este período suscribía una dinámica comercial librecambista, un poder federalista y la ideología del liberalismo; mientras que, otra fracción conectada a la actividad productiva apoyaba medidas económicas proteccionistas, un gobierno centralista y posturas conservadoras. En esta época México conoció la inestabilidad política y social, así como los constantes cambios de gobierno y derrocamientos de presidentes. En este contexto, durante sesenta años, la naciente economía se desenvolvió afectada por el estancamiento.
Las corrientes centrales del pensamiento económico en el México decimonónico fueron: el proteccionismo y el liberalismo. Durante el período de 1824 a 1876 perduró la confrontación entre estas dos escuelas. No obstante, ambas tendencias coexistieron abiertas a los debates internacionales e influyeron en las políticas económicas del siglo XIX y los albores del siglo XX.
El pensamiento económico proteccionista exigía promover la industria nacional de inicio y, posteriormente, la agricultura, minería y comercio; proteger la producción nacional mediante aranceles; impulsar la creación de una banca especializada para financiar las actividades económicas; y, reducir la dependencia externa. Por su parte, el liberalismo preconizó: la libertad de comercio, la propiedad privada, la separación entre la Iglesia y el Estado, la confiscación y desamortización de bienes eclesiásticos, el impulso de la agricultura y ganadería, así como, el fomento de la inversión extranjera. En relación con lo expuesto hasta este punto: (Villalobos, 2026).
Otros modelos de desarrollo
Durante el porfiriato, México se convirtió en un importante exportador de productos mineros, petroleros y agrícolas. Adicionalmente, su inserción en el mercado mundial fue posible por el desarrollo de la infraestructura de transporte, fundamentalmente los ferrocarriles, que hizo posible el traslado de mercancías a la frontera y a los puertos. La industria nacional y el mercado interno enfrentaron obstáculos, pero también registraron crecimiento.
En otros avances en la economía, el crédito del país fue restablecido en el extranjero, principalmente en Europa, gracias a la renegociación de la deuda externa. El gobierno porfirista optó por respetar y apoyar a los terratenientes y profundizó la política de deslinde de baldíos y enajenación de propiedades de corporaciones.
El principal cambio correspondió al papel de la inversión extranjera en el desarrollo del país. El nuevo gobierno le apostó al capital externo, a fin de comunicar el territorio nacional e impulsar al sistema financiero. Se trató de un cambio radical, una concepción de las posibilidades de desarrollo económico de México diferente a la sostenida al concretarse la Independencia. Desde esta perspectiva, el capital foráneo y las inagotables riquezas naturales impulsarían la expansión de la economía mexicana. Era necesario atraer al capital si se quería detonar el crecimiento económico y la riqueza.
Los objetivos estratégicos de la política económica nacional se orientaron a la diversificación de las inversiones extranjeras y a equilibrar los intereses económicos norteamericanos con la participación de los capitales europeos.
En 1910, la política económica dio un salto con la nacionalización de los ferrocarriles. Con esta medida se trató de evitar que las grandes empresas ferroviarias norteamericanas pudieran monopolizar las líneas ferroviarias mexicanas. Fue así como el país inició el tránsito de las políticas económicas liberales puras a las políticas de corte intervencionista. En relación con lo expuesto hasta este punto: (Lomelí, 2018).
Las reformas liberales impulsadas durante la segunda mitad del siglo XIX y las bases construidas por el régimen porfirista contribuyeron a consolidar nuevas relaciones sociales de producción y generaron incentivos directos para la acumulación capitalista en México, en el contexto de un modelo económico basado en los intereses de la clase terrateniente y la burguesía exportadora.
Al despuntar el nuevo siglo, el desgaste inevitable ocasionado por el ejercicio del poder político comenzó a minar las bases del régimen porfirista, que había extendido su dominio a lo largo de tres décadas, sin lograr evitar sus rasgos dictatoriales. México había avanzado hacia el progreso y la modernización integrándose al concierto de las economías del mundo. No obstante, se había acumulado en el país un profundo descontento social que permeaba profundamente en las clases marginadas: los campesinos del México rural y el naciente proletariado, quienes padecían injusticias sociales y sobrevivían empobrecidos, sin servicios de educación ni salud.
Mutación política y económica
El estallido revolucionario de 1910 no sólo terminó con el régimen dictatorial del general Porfirio Díaz, sino que propició la desaparición del Estado porfirista y coronó la ascensión de una fracción de la burguesía agraria del norte del país, cuyos intereses eran representados por el general triunfante de la Revolución, el sonorense Álvaro Obregón, quien de acuerdo a Olvera Rivera (p. 6, 1981) fue portador de un proyecto histórico concreto: consolidar el desarrollo capitalista del país, bajo la hegemonía de una burguesía nacional, con el apoyo y subordinación de las clases subalternas.
[La] idea de una Revolución campesina traicionada [pertenece] al mundo de la derrota en la lucha revolucionaria, a lo que no se impuso, a lo que fue incorporado marginalmente por una necesidad táctica de los triunfadores, sin que esto representara para ellos más que eso: una concesión, no un objetivo. Pedir hoy que el Estado mexicano devuelva la “Revolución” a sus fuentes radicales, es creer que el presente puede imponer por vías institucionales, lo que el más propicio de los momentos del pasado no pudo consolidar por las armas. (Aguilar Camín, p. 10, 1981).
El nuevo proyecto de nación y su modelo económico contemplan la asimilación de los grupos emergentes surgidos del movimiento armando con la antigua clase dominante porfirista, terratenientes y burgueses, quienes perdieron el poder político, pero conservaron gran parte de sus capitales y su patrimonio, además, claro está, de su linaje y abolengo. En otras palabras, emerge una nueva oligarquía, conforme a las necesidades de la acumulación capitalista.
[Los oficiales revolucionarios eran] hombres que antes de la Revolución vivían sin miseria pero sin brillo, hombres que carecían de todo horizonte ideológico que les permitiera rebasar sus condicionamientos sociales y que tenían ante sí, como único modelo deseable de realización personal, el que fluía del poder y la riqueza de la oligarquía porfiriana que envidiaban. […] [Los civiles] buscaban en el maremágnum revolucionario una posición y una escalera a posiciones más altas, no la transformación radical de un mundo con el que tenían profundas diferencias sólo porque, en verdad, no podía asimilarlos en la forma prestigiosa y sólida que ellos deseaban. (Aguilar Camín, p. 60, 1984).
Momento postrevolucioario
Después de la década caótica de los años 20, el régimen cardenista sentó las bases del Estado surgido de la Revolución de 1910. La burguesía mexicana pudo concretar su proyecto histórico, una vez creadas las condiciones materiales y sociales que permitieron desarrollar capitalistamente al país. Para cumplir este propósito el Estado creó la infraestructura económica básica, intervino en la economía, impulsó el desarrollo de las actividades productivas, fomentó la ampliación del mercado interno, limitó la actividad de los monopolios transnacionales y organizó bajo su control a los trabajadores.
Estas tareas se cumplieron con la reforma agraria integral, la nacionalización de los ferrocarriles, la expropiación de las compañías petroleras y la creación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que incorporó al interior del Estado a los principales sectores del movimiento obrero. La burguesía mexicana fue beneficiaria directa de la gestión estatal, que a través del gasto público y de las políticas de fomento transfirió cuantiosos recursos al sector privado.
Una vez consumada la expropiación petrolera, el gobierno detuvo las reformas sociales y frenó la movilización de las masas. Realizadas las transformaciones requeridas para consolidar económica y políticamente al régimen, el siguiente paso consistió en estabilizar la situación del país.
La política económica en este período estuvo basada en una política fiscal expansiva, que generó déficits debido al incremento del gasto destinado al programa social y económico del presidente Cárdenas, así como, en una política monetaria expansiva sostenida por el banco central y los bancos nacionales y comerciales. Estos incrementos en la oferta de dinero impulsaron la demanda agregada frente a una oferta inelástica y provocaron una fuerte inflación.
Desde un punto de vista tradicional, la política económica del régimen cardenista fue populista, porque careció de disciplina fiscal y monetaria. En otras palabras, estas medidas populistas tuvieron efectos expansivos en la economía. La implantación del programa social y económico de 1936-1937 generó inflación y desequilibrios macroeconómicos que contribuyeron a la devaluación de 1938. Posteriormente, se moderó el impulso gubernamental por la vía fiscal y monetaria, en favor de la estabilidad económica, además de aprovechar los cambios provocados por el inicio de la segunda guerra mundial. En relación con política económica cardenista (Martín, 2019).
Paradigma para otros tiempos
El paradigma económico keynesiano había dominado en las decisiones de gobierno de los países desarrollados, al tiempo que en los países subdesarrollados y emergentes las políticas dominantes correspondían a las teorías del desarrollo económico, de inspiración keynesiana. Sin embargo, el declive del modelo desarrollista fue atribuido al intervencionismo económico del Estado, sus regulaciones excesivas, la fuerte carga impositiva, el desmedido gasto público y el radicalismo de las leyes laborales.
El programa neoliberal dispuso el fin de las políticas macroeconómicas keynesianas, abrir la economía al comercio exterior, a los mercados financieros y a la inversión extranjera; mercados de trabajo flexibles; reducir la carga impositiva; privatizar las empresas y los servicios públicos y reducir el gasto social.
La estrategia de desarrollo económico liderado por el Estado fue sustituida por una estrategia neoliberal impulsada desde los espacios de poder político ganados por la joven tecnocracia, genuina heredera del grupo los “científicos” del porfiriato. Esta estrategia se convirtió en la punta de lanza del proyecto nacional de desarrollo.
El ascenso de la tecnocracia neoliberal fue posible dada la crisis de la deuda externa en agosto de 1982 y la adhesión de los organismos financieros internacionales al paradigma neoliberal. En el caso de la deuda externa, hubo sugerencias a favor de continuar con la estrategia de desarrollo liderado por el Estado, a condición de corregir los errores de política macroeconómica que afectaron al desarrollo estabilizador. Sin embargo, la tecnocracia neoliberal “aprovechó las circunstancias de la crisis de la deuda para realizar un viraje de 180 grados, de la industrialización liderada por el Estado hacia una estrategia basada en los dogmas del fundamentalismo de mercado.” (Calva, p. 615, 2019). Los países endeudados recibieron ayuda del FMI y el Banco Mundial para refinanciar sus deudas, pero a condición de sujetar sus políticas a los programas neoliberales de ajuste macroeconómico y reforma estructural, conforme a los dictados del Consenso de Washington.
El experimento neoliberal en México a lo largo de seis sexenios ha sido infructuoso en cuanto a los impactos esperados en términos de los objetivos de desarrollo, que buscan abatir la desigualdad social y la pobreza extrema. En relación con lo expuesto hasta este punto (Calva, 2019).
Tiempos Modernos
Después del impasse de los gobiernos panistas al frente de la presidencia de la República en los inicios del siglo XXI, el gobierno priísta del presidente Enrique Peña Nieto promulgó un paquete de reformas estructurales en la línea de los cambios profundos aplicados por la tecnocracia neoliberal a finales del siglo XX. De nuevo se buscaba apuntalar y catapultar el proyecto de nación y el modelo económico gestados en la matriz liberal del siglo XIX, impulsados con firmeza durante el régimen porfirista, recuperados y redefinidos por los revolucionarios sonorenses y su caudillo triunfante, establecidas sus bases sólidas en el régimen cardenista desde la legitimidad otorgada por la Revolución, artífices de los logros alcanzados en los años milagrosos del desarrollo estabilizador, actualizados de manera perentoria al iniciar la década de los 80 del siglo pasado, cuando una élite tecnocrática proclamó la alta eficiencia de los principios neoliberales relativos al funcionamiento de los mercados, el sistema de precios, la libre competencia y la reducción del intervencionismo económico del Estado.
En todas estas fases del desenvolvimiento de la sociedad y el Estado en México, ha estado presente la confrontación de los intereses de clase, económicos y políticos, suscritos por grupos antagónicos que se disputan el control de los aparatos del Estado y la riqueza proveniente de la diversidad de recursos existentes en este territorio. Se trata de una genuina disputa por la nación, tal como fue sugerido por Rolando Cordera y Carlos Tello, y a tono con la visión de Estado de Arnaldo Córdova:
Lo que tenemos a la vista es una transformación del Estado en un Estado simplemente burgués, sin ligámenes sociales ni compromisos con las masas, un Estado que se está reformando a sí mismo para convertirse en un Estado que inevitablemente romperá con sus tradiciones históricas, aunque ya desde antes se debía muy poco a ellas, para emerger como lo que empieza a ser, un Estado conservador, estabilizador, proempresarial, antipopular y tecnocrático, en una medida en que nunca antes lo fue. (Córdova, p. 3, 1984).
Hoy un nuevo régimen, ajeno absolutamente a las políticas de corte neoliberal, se afana en cambiar el rostro del país y mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Proclive a las medidas populistas pretende recuperar las tradiciones de la izquierda latinoamericana, perdidas en los años oscuros de las dictaduras militares, proclamadas en la actualidad, sin peso ni contenido, por algunos sátrapas obsesionados con el poder político. Insiste en una transformación, que más bien parece una restauración del orden de cosas que imperó en el pasado de nacionalismo revolucionario de los regímenes de antaño. Sin embargo, la economía emite señales de alerta, amenazantes, que aluden al estancamiento económico, las presiones inflacionarias, el déficit de las finanzas públicas y el incremento de la deuda, amén del desempleo y el crecimiento de la informalidad. Aún más grave, el desplome de la inversión productiva.
La disputa a la que me he referido no está zanjada. En diversos momentos de la historia de México se ha diluido, pero en otros ha resurgido con fuerza causando inestabilidad y conflictos. Es inherente a la naturaleza de los intereses de las clases sociales antagónicas y el Estado es el espacio propicio para que estas diferencias puedan dirimirse entre los agentes y grupos involucrados. El problema en el caso que nos ocupa parece ser la inexistencia de un piso común, aceptado por todas las partes en conflicto, a partir del cual las fuerzas en pugna construyan una propuesta consensuada, fruto de la conciliación, la negociación y el acuerdo, que se traduzca en un proyecto de nación incluyente y plural, con un modelo económico que permita reducir las brechas de desigualdad y abatir la pobreza extrema. [₪]
Referencias:
Aguilar Camín, H. (1981). La frontera nómada: Sonora y la Revolución mexicana. México: Siglo XXI Editores.
Aguilar Camín, H. (1984). Saldos de la Revolución. México: Editorial Océano.
Calva, José L. (2019). “La economía mexicana en su laberinto neoliberal”, en El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019, pp. 579-622. México. DOI: 10.20430/ete.v86i343.921.
Córdova, Arnaldo. (1984). “Reforma del Estado y crisis en México”, en La Jornada Semanal núm. 4, suplemento, octubre 14 de 1984. México.
Lomelí Vanegas, L. (2018). Liberalismo oligárquico y política económica. Positivismo y economía política del porfiriato. México: UNAM / FCE.
Martín, Sergio. (2019). “El debate de la política económica cardenista: una perspectiva contemporánea”, en America Latina en la Historia Económica, 26(1), e916. DOI: 10.18232/alhe.916.
Olvera Rivera, A. J. (1981). Notas sobre la acumulación de capital y sus determinaciones sociales en el México contemporáneo (1935-1970). Tesis. México: Universidad Veracruzana.
Villalobos López, J. A. (2026). “Recuento del pensamiento económico en México durante el período Independiente y de Reforma (1824-1876)”, en Iberian Journal of the History of Economic Thought, 13(1), 75-89. https://dx.doi.org/10.5209/ijhe.100771.
Veracruz Puerto, Mex.,1961. Licenciado en Economía y Maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector público, la iniciativa privada e instituciones de educación superior como el IPN y el TecNM. Fue secretario particular del Rector de la Universidad Veracruzana (UV). Actualmente es investigador-profesor en la UV.