Conforme se acerca la fecha, en 2030, de término del plazo final de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se aceleran los esfuerzos dirigidos a avanzar lo más posible en las metas establecidas. No es gratuito que así sea, la mayoría de los 17 ODS muestran serios retrasos en su cumplimiento y lo más seguro es que no se obtenga completamente en un quinquenio. De ahí la celebración de distintas conferencias internacionales cuyo propósito es encontrar no sólo la forma de imprimir mayor rapidez a los trabajos dedicados a culminarlos, sino de vigilar que todos los gobiernos del mundo participen de este esfuerzo. No cabe duda que desde su creación hace 80 años, esta es una de las más importantes tareas que la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene por delante en materia de desarrollo.
En el pasado reciente, apenas a fines de junio y principios de julio del año que corre tuvo lugar en Sevilla, España, la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, mientras en septiembre de 2024 se celebró en Nueva York la Cumbre del Futuro. De ambas reuniones emergieron sendos documentos que dan cuenta de la situación en que se encuentra el problema del desarrollo de la fracción más vulnerable de la población mundial, respecto de sus condiciones de vida.
En el primer caso estamos hablando del Compromiso de Sevilla, en el que se hizo énfasis en la necesidad de reformular la arquitectura del multilateralismo a fin de atender mejor los problemas del desarrollo, las negociaciones para financiarlo y para atender el tema de la deuda externa, que una vez más se cierne como una amenaza mayúscula a la estabilidad tanto económica como política de varios países del ahora llamado Sur Global. En el segundo caso, se trata de la Resolución A/79/L.2 de la ONU, en la que se manifiesta un moderado optimismo sobre las posibilidades de cumplimiento de la Agenda 2030, como igual se le conoce a los ODS, siempre sí y solo sí, hay voluntad nacional e internacional para lograrlo.
Pero no solamente se trata de reuniones mundiales, también en distintas regiones del planeta se convoca a conferencias en las que se discuta por agentes de gobierno y representantes de la sociedad civil, lo que sucede con los problemas sociales que se padecen en los países que son parte del territorio regional.
En días pasados, del 2 al 4 de septiembre, se efectuó en Brasilia la Sexta a Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, convocada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y auspiciada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile y el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Lucha contra el Hambre del Brasil. El primer país tuvo la presidencia de la Conferencia Regional durante el periodo 2023-2025 y el segundo la tendrá durante 2025-2027.
Los trabajos que se realizaron en el marco de esta Sexta Conferencia latinoamericana se basaron en un documento que se titula América Latina y el Caribe a 30 años de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Hacia un pacto mundial por el desarrollo social inclusivo. En él sehace un recuento de lo que se ha trabajado, y de lo que se ha conseguido, con relación a problemas como la erradicación de la pobreza, la promoción del pleno empleo y de la integración social, el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, el combate contra la desigualdad, el acceso universal y equitativo a una educación de calidad, la atención primaria de la salud y el diseño de sistemas de protección social y de cuidados. Asimismo fueron foco de atención de los representantes de los países latinoamericano y caribeños, los desafíos emergentes como el cambio climático, el envejecimiento poblacional y la transformación tecnológica.
En el horizonte de esta Sexta Conferencia regional latinoamericana se encuentra la próxima celebración de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en Doha, Qatar, en noviembre de 2025; se trata entonces de asumir un recuento de lo que se logró en tres décadas a partir de la Primera Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social realizada en marzo de 1995, en Copenhague.
El documento al que nos referimos líneas arriba contiene importantes conclusiones que son realistas pues se reconocen algunos avances, al tiempo que se habla de varios retrocesos:
En los 30 años transcurridos desde entonces (se refiere a la Primera Cumbre Sobre Desarrollo Social), y sobre la base, asimismo, de otros grandes compromisos internacionales posteriores, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015, los países de la región han sido participes del diseño y la implementación de importantes políticas de protección social para hacer frente a la pobreza, el hambre y la desigualdad, y avanzar en el ejercicio de los derechos sociales. Durante este tiempo, también se han dados pasos fundamentales en materia de institucionalidad de política social, gracias al surgimiento y el fortalecimiento de los Ministerios de Desarrollo Social en la mayoría de los países de la región… Pero, A pesar de los compromisos asumidos, la labor realizada y los avances alcanzados, en la región continúan existiendo grandes desafíos relacionados con la pobreza, el hambre y la desigualdad, que se manifiestan en amplias brechas en materia de ingresos y de ejercicio de derechos (CEPAL, 2025, paréntesis del autor de estas notas).
La CEPAL considera que la superación de los desafíos requiere asimismo enfrentar lo que llama las tres trampas en la obtención del desarrollo: una baja capacidad para crecer; alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y una bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva. La baja capacidad para crecer se manifiesta en el promedio obtenido por los países de la región en los años que van de 2014 a 2023, de apenas 0.9 % anual, que resulta incluso inferior al 2% obtenido durante la década perdida, que va de 1980 a 1989.
¿Cómo hacer para enfrentar las trampas de referencia? La CEPAL propone un modelo que incluye la necesidad de 11 transformaciones que resultan indispensables ante la dimensión de los problemas. Entre ellas se incluyen cinco que se vinculan con el desarrollo social inclusivo: i) reducción de la desigualdad y aumento de la movilidad y la cohesión sociales; ii) ampliación de la protección social y del Estado de bienestar; iii) educación de calidad para todos y acceso amplio a la formación profesional; iv) avance hacia la igualdad de género y la sociedad del cuidado, y v) fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas de las instituciones encargadas de cada una de estas áreas.
No vienen solas estas medidas, se requiere igualmente, transformación productiva basada en políticas de desarrollo productivo. La idea central de su implementación es que permitan avanzar a Latinoamérica hacia el desarrollo, pero uno que en verdad incluya a los sectores marginados de siempre: los que han vivido toda su vida en la pobreza, las mujeres y las niñas de manera que
Todas las personas alcancen una vida libre de pobreza y tengan un nivel de bienestar basado en un crecimiento económico alto, sostenido, inclusivo y sostenible que les permita desarrollar sus capacidades en un marco de libertad y dignidad, con la garantía del ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y con espacios de reconocimiento y participación, abordando las brechas y las desigualdades sociales (CEPAL, 2025).
El estudio de la CEPAL que comentamos plantea que puede constatarse una real disminución de la pobreza regional, pero que lamentablemente no hay una línea ascendente y constante en el abatimiento de este problema. Por ejemplo, mientras en el año 2000 y siguientes hubo una cierta bonanza en los precios de las materias primas que permitió invertir en el gasto social, traducido en programas sociales de lucha contra la pobreza y sistemas de pensiones no contributivos, la inversión disminuyó en 2008 debido a la crisis económica que ese año afectó a prácticamente todos los países, aunque los gobiernos se involucraron más directa y decididamente en la atención al problema, mediante políticas encaminadas a atender los ámbitos social y productivo, por lo menos hasta 2014, año en que se registraron los promedios más bajos de pobreza y pobreza extrema.
Los problemas volvieron cuando empezaron a registrarse índices de crecimiento de apenas 1% o menores, que redundó en una segunda década perdida en materia de desarrollo social, agravada todavía más con la pandemia de coronavirus de 2020-2022. Por fortuna, en 2024 se verificó una nueva disminución de la pobreza, que se espera, pueda mantenerse constante.
“Entre los principales factores que han incidido en la reducción de la pobreza en las últimas décadas, destacan el crecimiento económico, el aumento de la participación laboral femenina, el incremento de los salarios reales, el aumento del precio de las materias primas entre 2000 y 2014, el incremento del gasto público social y, asociado a todo ello, las políticas sociales y el papel de las transferencias públicas, como los programas de transferencias monetarias, condicionadas y no condicionadas, y los sistemas de pensiones no contributivos” (CEPAL, 2025).
Otros dos problemas latinoamericanos subrayados por el documento de trabajo de la CEPAL son la desigualdad y la malnutrición y la seguridad alimentaria; es decir, la gente no se alimenta bien, por falta de alimentos y por comidas poco saludables. La obesidad, que antes era apenas un problema relativo, se ha transformado en una presencia creciente, pues en 2022 ya alcanzaba el 29. 9 % de la población adulta de la región, con un crecimiento de 3% más que en otras regiones del mundo. En contraposición, desde los años 90s, América Latina ha tenido una un importante descenso en las cifras de desnutrición crónica, pues en la franja de las niñas y niños menores de 5 años pasó del 21,8% al 11,5%.
La desigualdad es otro problema grave en América Latina, de hecho es la región con mayor desigualdad en el planeta. Si a ello se le agrega la baja movilidad social y la débil cohesión social, América Latina se enfrenta a un obstáculo en su carrera hacia el desarrollo sostenible; si la desigualdad permanece en estas dimensiones, será muy complicado alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030.
La CEPAL manifiesta avances en otros sectores, por ejemplo en los enfoques de política de la protección social no contributiva. O sea, programas dirigidos a aquellas personas que, por una razón u otra, no pagan impuestos (no se refiere a los evasores); son personas que padecen una vulnerabilidad extrema ante los riesgos de la pobreza.
Un cambio en el método para analizar qué es la pobreza, ha significado que se incluyan otros elementos en su definición que ahora se denomina pobreza estructural, pues ya no se trata solamente de falta de ingresos financieros, sino que se evalúan factores como el acceso a derechos sociales y servicios básicos como salud, educación, seguridad social, calidad y servicios de la vivienda, y alimentación, cohesión social y acceso a infraestructura.
Lo anterior ha servido de punto de partida para que haya nuevos enfoques y nuevas acciones en el enfrentamiento de las tres trampas que menciona el documento de referencia. Lo más importante es que hay una diferente institucionalidad social, con todo y los vaivenes de corte político, que permite una mejor atención a los problemas sociales. Un buen ejemplo de esa novedosa institucionalidad se encuentra en la creación de ministerios o secretarías en al menos 23 países de la región, dedicados a atender y desarrollar políticas sociales para erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y promover el acceso a la protección social tanto en general como de sectores específicos de la población. Si a esto se le agrega la firma de varios convenios internacionales que tienen como núcleo principal la atención de los derechos relacionados con el desarrollo social inclusivo, se entienden entonces las diferencias positivas de la institucionalidad social.
Lo que viene ahora para esta institucionalidad es la atención de lo que se llama “temas emergentes”:
A) Los cambios tecnológicos y la inclusión social. Se trata de un tema de proporciones relevantes en la medida en que el desarrollo digital ha abierto una brecha entre la franja de la población que tiene acceso a este tipo de servicios y la que no la tiene, pues a pesar de que parezca a veces increíble, hay millones personas de todas las edades que no han tenido, por ejemplo, un teléfono celular en sus mano ni conoce siquiera lo que es la inteligencia artificial o el significado del entorno digital, lo que tiene efectos negativos en el combate a la desigualdad; además, la inteligencia artificial supone riesgos adicionales sobre todo en el sector productivo, ya que con la robótica y la automatización que se introducen cada día en los procesos productivos, se transforma la naturaleza del trabajo, se desplaza mano trabajadora que no está preparada para adaptarse a las transformaciones, por lo que los sistemas educativos deben cambiar para lograr la adaptación a los nuevos formatos laborales, lo que conduce obligadamente a promover la educación en sistemas digitales que permita a los trabajadores prepararse para las necesidades laborales del futuro que ya está aquí.
B) El cambio climático y la vulnerabilidad a los desastres. La región latinoamericana históricamente ha sido muy vulnerable a grandes desastres naturales, como huracanes, terremotos, sequías, inundaciones, cuyo efecto se ha incrementado geométricamente con el cambio climático, escenario en el que la víctima principal es siempre la población más pobre. Se requiere entonces de políticas que permitan prever los efectos sociales en esta población y su inmediata atención vis a vis los desastres naturales.
C) Transiciones demográfica, epidemiológica y nutricional. En algunos países se nota desde hace algunos años una disminución en los índices de natalidad, que si bien en otras circunstancias podría ser considerada un bono demográfico, perjudica, en oposición, a los sistemas de pensiones por la disminución en las aportaciones en sus fondos, a los cuidados de salud para una población envejecida, respecto enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, el cáncer y la diabetes, que en la actualidad son la causa principal de la mortalidad regional. Por lo tanto, es importante contar con enfoques preventivos y de control por medio de la universalización de la atención primaria de salud, servicios básicos y vacunación. La ya mencionada malnutrición (desnutrición y sobrepeso) es un gran desafío para los sistemas de salud, alimentarios y de protección social. Un claro ejemplo de este problema radica en el consumo de aguas procesadas (refrescos, sodas o gaseosas, según se les llame en cada país), que en México alcanza enormes dimensiones.
D) La migración: un fenómeno en aumento. No se trata solamente de migraciones hacia el norte del continente sino igual entre otros países, debido a problemas de tipo político, social, climático, violencia provocada por el crimen organizado, desastres y hasta reunificaciones familiares. Es un problema que requiere atención no solo de tipo coercitivo, sino de gestión social y de protección humanitaria a los migrantes.
E) Cohesión social y gobernabilidad frente a las diversas formas de violencia y los conflictos. Se refiere en particular a la violencia generada por las olas delincuenciales, con tasas de homicidios que resultan las más altas del mundo y el reto que implica para la soberanía interna de los Estados de la región. Ante esta situación se necesitan políticas públicas orientadas a prevenir la delincuencia, que se acompañen de políticas activas de inclusión social y laboral, más altos rangos del bienestar económico y social de la población, así como acciones de rendición de cuentas, que fomenten la participación de la sociedad en la toma de decisiones y fortalezcan la gobernabilidad democrática.
F) El contexto mundial: crisis e incertidumbre. La región se encuentra inmersa, como no podría ser de otra manera, en un contexto internacional que presenta una extrema inestabilidad y vulnerabilidad para los países latinoamericanos. Guerras, epidemias, cambio climático, restricciones en las fuentes de cooperación internacional y disminución de los precios de las materias primas, elementos todos que alimentan la incertidumbre y significan la necesaria implementación de políticas ad hoc para enfrentar esos fenómenos que no son provocados internamente por los gobiernos regionales; por más que lo deseen su participación es marginal. La dificultad de mayor rango es la alta incertidumbre de las políticas de atención al financiamiento de las políticas de desarrollo social inclusivo y, con ello, a la capacidad de los países para avanzar en los compromisos establecidos en la Agenda 2030. Por ello, ante la disminución de fondos presupuestales para su atención es fundamental insistir en el cumplimiento de las metas sociales de los ODS y en el fortalecimiento de los espacios de cooperación y de integración regional. Sin embargo, a decir de los elaboradores del documento, Latinoamérica se encuentra mejor preparada que antes para atender esta problemática. Habrá que ver si esta premisa llena de optimismo se cumple.
¿Cuáles son los planteamientos para atender la situación en que se encuentra Latinoamérica y el Caribe? En primer lugar un Pacto Mundial por el Desarrollo Social Inclusivo, en el que se manejen políticas, como las que siguen: como prioridad, combatir el hambre y la pobreza en la región y en el mundo; establecer políticas integrales de cuidados y políticas públicas de calidad para no dejar a nadie atrás; llamar a las instituciones financieras internacionales y a los países desarrollados a comprometer financiamiento para apoyar las políticas orientadas al desarrollo social inclusivo; implementar un Pacto Digital Global para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo, con especial atención a la inteligencia artificial; preparar una tercera cumbre mundial transcurridos no más de cinco años desde la Segunda Cumbre ( y no esperar otros 30 años), para analizar los avances y retrocesos, consensuar prioridades y alternativas y acordar caminos conjuntos regionales y mundiales.
Recuérdese que esta Sexta a Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe tuvo lugar como un prolegómeno de preparación para la Segunda Cumbre sobre Desarrollo Social, y para plantear los retos que tiene frente a sí América Latina en términos de desarrollo social inclusivo.
Se espera que, como otras conferencias internacionales, tenga al menos algunos buenos resultados y que sus conclusiones sirvan de referencia a los gobiernos de la región. No siempre serán atendidas sus sugerencias debido a la perspectiva que cada gobierno tiene de las políticas sociales. Se constata que para ciertos gobernantes, las políticas sociales no son importantes y que pueden incluso, afirman, ser un lastre para la creación de riqueza, que en algún momento, indeterminado, será repartida. Pero a fin de cuentas, lo que importa es conseguir avances, por mínimos que sean es ya un logro, de conformidad a la naturaleza de trabajo de la ONU, a la que la CEPAL pertenece. Por lo pronto, las reuniones internacionales, mundiales o regionales, contribuyen al fortalecimiento del multilateralismo, tan vilipendiado hoy desde los pináculos de las grandes potencias y de sus adláteres menores. [ C ]
Licenciado y Maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ; tiene una Especialización en Promoción Cultural por la UAM y ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el área de Relaciones Internacionales. Autor de artículos publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Diplomático retirado con rango de Embajador. Actualmente es profesor investigador de la Universidad del Mar, campus Huatulco, adscrito el Instituto de estudios Internacionales “Isidro Fabela”.