«Hace ya un tiempo que el capitalismo realmente existente —el actual, no el abstracto— no sólo es incapaz de resolver
los grandes problemas de la humanidad, sino que los agrava.» Nicolás Sartorius
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La política macroeconómica de corte keynesiano, la regulación del mercado, las instituciones del Estado de bienestar y el papel de las empresas estatales constituyen los aspectos centrales que dieron forma al consenso suscrito por las economías principales durante el período posterior a la Gran Depresión en el siglo XX. En el caso de las economías en desarrollo, este modelo significó el apoyo estatal decisivo a favor de las nuevas industrias, con base en una política proteccionista promotora de barreras arancelarias en el comercio exterior.
Este modelo de desarrollo fue impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y su adopción en América Latina se tradujo en un crecimiento que declinó después de un periodo de industrialización basado en la sustitución de importaciones. Por otra parte, en las democracias occidentales, una vez concluida la fase de auge, se plantearon algunas dudas sobre el paradigma predominante.
El pensamiento keynesiano vio disminuir su preeminencia y comenzó a ser sustituido por los preceptos del neoliberalismo a fines de los años 70 o principios de los 80. A partir de entonces, las ideas neoliberales se propagaron con fuerza desde lo que se denominó el Consenso de Washington en 1990 (Besley et al., 2025).
Desde un punto de vista reduccionista, el paradigma keynesianismo era progresista y el neoliberalismo era conservador, enfocado en el predominio del mercado en detrimento del bienestar general de la población. El keynesianismo se ocupaba principalmente de las variables macroeconómicas; el neoliberalismo se definía como un paradigma coherente con enfoque en la desregulación microeconómica.
Las propuestas derivadas del Consenso de Washington, en materia de políticas públicas para el desarrollo productivo, fueron impulsadas por el FMI y el Banco Mundial, con énfasis especial en el ajuste y equilibrio fiscales, la reducción de aranceles y la desregulación de los mercados.
Las medidas implementadas a partir del Consenso de Washington no sólo contribuyeron a la expansión de la globalización y a una mayor apertura económica, también generaron oportunidades y contribuyeron a la disminución de la pobreza mundial. La política monetaria se enfocó en ajustar la demanda agregada, a partir de las funciones de un banco central independiente, así como, en reducir los grandes déficits presupuestarios. Se trata de logros importantes, pero existen preguntas sin responder, urgentes, relacionadas con el bienestar de la población en el futuro.
En virtud de esta disyuntiva, en mayo de 2023, un grupo de especialistas se reunieron a fin de analizar y discutir sobre los fundamentos de una nueva propuesta en materia de crecimiento y desarrollo económicos de cara a los desafíos del siglo XXI, que ha sido denominada el Consenso de Londres (Besley et al., 2025).
Es de señalarse que no se trata de crear una lista de recomendaciones de las reformas a impulsar por un país, como tampoco se pretende proponer recetas útiles para cualquier caso. Las circunstancias imperantes en cada uno de los países determinan prioridades diferentes en materia de políticas públicas, de tal forma que sus gobiernos deben aprender de las investigaciones y experiencias provenientes de otras latitudes.
Supone lo anterior identificar lo que no funciona, distinguir la diferencia entre los principios teóricos y la acción política, aplicar una técnica diagnóstica, así como, admitir la relevancia del debate entre el paradigma y la aplicación técnica desde la política.
En el pensamiento económico un punto de vista convencional establece que la función primordial del mercado consiste en qué producir y cómo producirlo, mientras que el Estado se ocupa de los fallos del mercado y la redistribución de la riqueza mediante impuestos y transferencias.
En este sentido, las empresas deben operar sin interferencias ni distorsiones de mercado, sujetas a los principios de eficiencia productiva y competitividad, mientras que los beneficios obtenidos podrán gravarse para sostener la redistribución de la riqueza. De cualquier forma, esto implica construir una economía de mercado eficiente, como condición necesaria para combatir la desigualdad y la pobreza, habiendo generado una porción de riqueza suficiente para dividir mejor los beneficios.
De acuerdo con el Consenso de Washington, la separación entre eficiencia productiva y redistribución del ingreso implicaba destinar el gasto público a la inversión en infraestructura y en políticas de educación, salud y seguridad social, mientras que en materia de política industrial era necesario levantar las regulaciones y privatizar las empresas estatales.
La separación de eficiencia y distribución exige que los gobiernos profundicen sus políticas de tributación a fin de extraer ingresos suficientes. No obstante, los expertos señalan la existencia de límites en la imposición fiscal. Por ejemplo, en muchos países de Europa la recaudación alcanza niveles promedio del 40% o más del ingreso nacional, que se estiman como niveles límite.
En una economía global que descansa en la utilidad y la ganancia, que son valores conmensurables, las transferencias sirven para compensar a quienes tienen menos oportunidades. Sin embargo, en el terreno del combate en contra de la desigualdad y la pobreza no basta simplemente la redistribución del ingreso monetario, aun cuando incluya compensación. Satisfactores de otro orden deben ser considerados, que son intrínsecamente importantes y no corresponden a una concepción materialista del bienestar.
La pobreza extrema afecta a millones de personas en el mundo, quienes carecen de bienes y servicios básicos, como alimentación suficiente, vivienda, educación o servicios de salud, mientras una minoría de la población acumula y concentra riqueza y poder.
La pobreza y la desigualdad están relacionadas con un modelo económico que carece de soluciones viables frente a este ingente problema, que deteriora la dignidad de las personas, genera descomposición social y socaba los derechos humanos.
El crecimiento económico fue durante un largo período la piedra angular que permitiría desaparecer la pobreza, pero las expectativas no se concretaron en la promesa establecida y la enorme brecha de la desigualdad impera en la distribución de los beneficios. El crecimiento de utilidades y ganancias sigue un derrotero diferente, opuesto, a los salarios de los trabajadores, se expande la precariedad laboral y decaen los servicios públicos. Alta concentración de la riqueza y extrema desigualdad generadas por un modelo económico centrado en el crecimiento, pero ajeno a la prosperidad compartida.
El crecimiento económico es determinante para la población de escasos recursos, sujeta a necesidades apremiantes, que exigen la implementación de políticas públicas orientadas a la construcción de infraestructura productiva, la creación de empleo, servicios hospitalarios y educación, entre otros bienes y servicios básicos. Crecimiento económico sí, a condición de que siga una ruta diferente a la extracción y despojo de recursos, el pago de salarios insuficientes, el sometimiento y control de los trabajadores, la dependencia comercial, el endeudamiento descontrolado, la degradación del medio ambiente, etc. Entonces, importa preguntarnos qué tipo de economía queremos construir, qué objetivos deben perseguirse para anular las condiciones que generan pobreza extrema y desigualdad social, en un marco de sostenibilidad y sustentabilidad.
Recientemente, en abril de 2026, con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en el marco de la Coalición Mundial para la Justicia Social se celebró en Ginebra la conferencia internacional Erradicar la pobreza más allá del crecimiento: una hoja de ruta global para una nueva economía, con la participación de expertos académicos, responsables de políticas públicas, diplomáticos, funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sindicatos, organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, quienes en un esfuerzo colaborativo debatieron sobre las estrategias necesarias para erradicar la pobreza, la desigualdad y el daño al medio ambiente, desde una perspectiva que se propone superar las limitaciones de la ortodoxia del crecimiento económico (OIT, 2026).
El propósito central consiste en superar el enfoque estrecho de política pública basado en “crecer-gravar-transferir”. Se trata de responder una pregunta crucial: “¿cómo podemos poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades sin tratar el crecimiento del PIB como nuestra condición principal para el progreso?” (Schutter et al., 2026)
La convicción principal señala que el modelo económico debe funcionar garantizando la producción, la distribución y el consumo en un marco de respeto a los derechos y al bienestar colectivo, con apego a la sustentabilidad, sin necesidad de regirse por criterios inflexibles orientados a maximizar la producción.
La economía debe sustentarse en los derechos humanos, trascender la redistribución de ingresos y la compensación como procesos aplicados en etapas finales del funcionamiento del mercado. Debe privilegiarse la protección social y los servicios públicos esenciales, pero es necesario anticiparse y formular un diseño que contemple la creación de empleos y la generación de salarios suficientes. Las reglas del juego deben cambiarse desde el origen. La pobreza debe prevenirse y evitar que se transmita de generación en generación; es necesario apoyar el desarrollo de la economía social y solidaria.
Se ha señalado a las economías en desarrollo de América Latina de fracasar en sus objetivos de combate a la pobreza, pero las economías avanzadas y los organismos multilaterales de apoyo al desarrollo les imponen sanciones, acuerdos comerciales y endeudamiento externo, que resultan unilaterales, restrictivos y desiguales, que perpetúan inequidades coloniales.
A fin de contribuir en las soluciones de este problema, la ONU y otras organizaciones se han dado a la tarea de discutir la pertinencia de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB) y exploran alternativas más allá de la medición estrictamente cuantitativa, y promueven instituciones emergentes en busca de un cambio como el Panel Internacional sobre la Desigualdad, a fin de trascender el modelo económico convencional que privilegia el crecimiento, con el propósito de erradicar la pobreza y la desigualdad a partir de nuevas reglas económica. [ C ]
Referencias:
Besley, Tim; Bucelli, Irene and Velasco, Andrés (eds). (2025). The London Consensus: Economic Principles for the 21st Century. London: LSE Press, https://doi.org/10.31389 /lsepress.tlc Licence: CC-BY-NC 4.0.
OIT (2026). Erradicar la pobreza más allá del crecimiento: una hoja de ruta global para una nueva economía. Conferencia internacional auspiciada por la Organización Internacional del Trabajo.Consultado en https://live.ilo.org/es/group/erradicar-la-pobreza-mas-alla-del-crecimiento-una-hoja-de-ruta-global-para-una-nueva.
Schutter, Olivier De; Thomas Piketty y Joseph E. Stiglitz. (2026). “La pobreza se fabrica: también puede erradicarse”, en diario El País sección Tribuna, 10 de junio de 2026. España. Consultado en https://elpais.com/opinion/2026-06-11/la-pobreza-se-fabrica-tambien-puede-erradicarse.html
ARMANDO PEREZ MARQUEZ. Veracruz Puerto, Mex.,1961. Licenciado en Economía y Maestro en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Se ha desempeñado profesionalmente en el sector público, la iniciativa privada e instituciones de educación superior como el IPN y el TecNM. Fue secretario particular del Rector de la Universidad Veracruzana (UV). Actualmente es investigador-profesor en la UV.