Vivimos tiempos convulsos, afirman diversos especialistas en el estudio de las relaciones internacionales. Y es verdad: si tan solo volteamos hacia el norte, nos encontramos con un gobernante —es un decir— que se ha ocupado de destruir el orden vigente occidental que surgió desde las entrañas de su propio país tras la Segunda Guerra Mundial, y que se mantuvo aun con la desaparición del bipolarismo y el fin de la Guerra Fría. Se trata de un orden internacional en el que figuraban la democracia liberal, el libre mercado, el multilateralismo como vía para resolver conflictos, las alianzas estratégicas y la promoción de valores como los derechos humanos y las libertades civiles; en suma, un orden internacional que, al menos en apariencia, garantizaba la paz global —a pesar de la existencia de conflictos localizados—, permitía la resolución de problemas de casi cualquier tipo y evitaba una guerra generalizada.
Ahora nos enfrentamos a ese mundo crispado en el que, desde la potencia hegemónica, el multilateralismo está siendo golpeado para dar paso al unilateralismo o a un multilateralismo «a la carta» (como la llamada Junta por la Paz). Se ha creado un entorno marcado por el debilitamiento de las alianzas históricas y por reclamos airados a los aliados por no apoyar causas ajenas que nada aportan a la paz, así como por el cuestionamiento de los procesos democráticos, las descalificaciones fuera de lugar a funcionarios internacionales, la imposición de sanciones a la presidenta de la Corte Penal Internacional y a otros representantes por el simple hecho de no seguir las nuevas reglas, y la casi absoluta indiferencia ante las violaciones del derecho internacional. Esto se evidencia en la invasión a Ucrania, el respaldo a la destrucción de Palestina, la inestabilidad en Medio Oriente —donde destacan los ataques unilaterales a Irán por parte de Estados Unidos e Israel— y la invasión a Venezuela.
A todo esto, hay que sumar el rechazo violento a la inmigración, el avance de la extrema derecha en diversas regiones del planeta —como acaba de ocurrir en Sajonia, Alemania— y los riesgos que este fenómeno representa para la política internacional. En este contexto, irrumpen como nuevos actores magnates y empresarios capaces de influir en el rumbo de las relaciones internacionales y de relegar temas prioritarios como la cooperación para el desarrollo. Algunos autores han depositado su fe para paliar esta grave situación en el aparente resurgimiento de las potencias medias, las cuales servirían como dique ante las pretensiones de las grandes potencias. Sin embargo, la reconfiguración de zonas de influencia por parte de tres actores clave —Estados Unidos en América Latina, Rusia en el espacio postsoviético y China en cualquier nación que lo permita— provoca que esa expectativa se diluya.
Es decir, estaríamos ante la formación de un sistema trilateral regido por dinámicas cercanas a la anarquía, donde cada potencia aprovecha los espacios vacíos en un tradicional juego de suma cero: lo que gana uno, lo pierde el otro. Se trata también del aceleramiento de la carrera armamentista, de la reaparición de la geopolítica como estrategia fundamental de política exterior y, al mismo tiempo —a pesar del inusitado interés por estudiarla—, del debilitamiento de la diplomacia y de su principal herramienta, la negociación, en la resolución de controversias. A esto se suma el condicionamiento de la cooperación bajo la fórmula de «estás conmigo o estás contra mí», así como el desprecio por los graves peligros que enfrenta el medio ambiente debido al cambio climático.
Por si esto no fuera suficiente, nos enfrentamos a la inteligencia artificial, la cual puede emplearse tanto para el bien como para el mal; a la difusión masiva de mentiras o medias verdades presentadas como hechos probados, y al uso de redes sociales donde cualquier persona puede intervenir sobre cualquier asunto, al margen de su interés o de su conocimiento sobre el tema. En resumen, nos encontramos ante un mundo que parece sufrir una epilepsia política y económica con constantes convulsiones.
Este es el escenario en el que obligadamente se tiene que desarrollar la política exterior de México. A continuación, presentamos algunos apuntes sobre temas que el autor de estas líneas considera importantes en este marco de acción. Desde luego se trata de una observación provisional y tentativa que puede ser modificada o completada si nos atenemos a otros puntos de vista y opiniones.
La actual política exterior mexicana
Si volvemos un poco atrás en el tiempo, recordaremos que con el inicio de la llamada Cuarta Transformación, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo como divisa para sus relaciones internacionales que «la mejor política exterior es la interior». Estaba equivocado, desde luego. Si bien es cierto que contar con un entorno interno democrático, respetuoso de las instituciones, con desarrollo económico y con una oferta cultural plural genera prestigio en el exterior, esto resulta insuficiente si el país se aísla, genera conflictos, quebranta el principio de no intervención o actúa con indiferencia hacia el derecho internacional. Tampoco bastó con llevar a cabo acciones positivas, como la defensa de los mexicanos en el extranjero, la donación de vacunas durante la pandemia o los operativos de repatriación de connacionales varados por el cierre de fronteras.
Menciono lo anterior con el fin de evaluar si la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha continuado por el mismo sendero. Mi respuesta personal es que no: existen diferencias sustanciales que conviene destacar.
En primer lugar, cualquier análisis de la política exterior de México exige abordar la relación con Estados Unidos; la geopolítica nos lo impone, pues, aunque quisiéramos cambiar de vecindario, no podemos hacerlo. A la presidenta le ha tocado en suerte —o en mala suerte— lidiar con un mandatario estadounidense que, en su segundo periodo, ha mostrado su faceta más dura. Las presiones sobre México se concentran en varios frentes: la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como las solicitudes de extradición de capos de la mafia y de políticos presuntamente coludidos con ellos, como es el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros nueve funcionarios de su administración.
Por otro lado, el retiro de visas a políticos y personajes públicos —destacadamente al hijo del expresidente López Obrador— sirvió de pretexto para un manejo equívoco del concepto de soberanía nacional, al asumir de forma errónea que este principio se veía afectado por dicha medida. La concesión, denegación o cancelación de una visa es una facultad soberana e inapelable del país que la otorga. No obstante, en la compleja relación bilateral, es factible asumir que el retiro de visas funciona como un mecanismo de presión para que el gobierno mexicano intensifique el combate al crimen organizado.
Asimismo, la decisión de la administración estadounidense de declarar terroristas a los principales cárteles mexicanos entraña implicaciones profundas, pues permite al gobierno de Estados Unidos atribuirse facultades para sancionar, congelar activos, incrementar la vigilancia, intervenir comunicaciones y perseguir penalmente a quienes acuse de colaborar con estas organizaciones, sean servidores públicos o ciudadanos particulares.
Pese a estas amenazas, debe reconocerse que hasta el momento la presidenta mexicana ha logrado contener los exabruptos reiterados de Donald Trump contra el país. Aún no ha entregado a ningún funcionario acusado de colusión con el crimen organizado —lo cual no es necesariamente positivo, pero frena la injerencia directa de Estados Unidos; lo procedente sería juzgar a dichos funcionarios en México y, de ser el caso, extraditarlos posteriormente—.
En el ámbito comercial, las tarifas arancelarias se han mantenido en niveles aceptables para México, aunque está por verse si el gobierno logrará negociar las mejores condiciones posibles durante las revisiones periódicas, ahora anuales, del T-MEC, cuya vigencia se proyecta hasta 2036. Este tema, sumado a la protección de los trabajadores mexicanos indocumentados y a las exigencias en materia de seguridad, constituye el trío de desafíos centrales que la administración de Claudia Sheinbaum debe asumir frente a Estados Unidos en el futuro inmediato.
Vulnerabilidad comercial
No es un secreto que México se encuentra profundamente integrado a la economía estadounidense, destino del 86 % de sus exportaciones. Si bien esto representa una ventaja por el acceso privilegiado al mercado más grande y cercano, constituye a la vez un factor de vulnerabilidad, al dejar al país expuesto a los giros políticos o amenazas de la Casa Blanca. Por ello, la diversificación de mercados para los productos nacionales resulta más urgente que nunca.
El vecindario hacia el sur
América Latina ocupa un lugar prioritario en el discurso de la política exterior mexicana. Es habitual que los mandatarios expresen su disposición a mantener relaciones óptimas con los países de la región; sin embargo, la realidad suele diferir y menudean las fricciones. Durante el periodo 2018-2024 se registraron distanciamientos con Bolivia, Ecuador y Perú.
De ellos, los diferendos con Bolivia y Perú han sido canalizados, mientras que la controversia con Ecuador se resolverá ante la Corte Internacional de Justicia. Pese a ello, el panorama regional es incierto: gran parte de América Latina ha virado hacia opciones de derecha, con las excepciones de Guatemala, Brasil y Uruguay —ya que, a Nicaragua, Venezuela y Cuba, cuyos discursos siguen en la izquierda, pero con ribetes de un sector que intenta ser neocapitalista, no se les puede meter en esta misma canasta—, y con la posibilidad de que el electorado brasileño vuelva a inclinarse hacia la derecha en el futuro.
Este escenario reduce el margen de maniobra para articular proyectos de colaboración regional. Incluso con gobiernos afines en lo ideológico, como el de Nicaragua, se ha optado por aplicar de forma pragmática el principio de no intervención frente a sus excesos políticos, postura que dista de ser unánime en el ámbito diplomático. El desafío radica en diseñar esquemas que permitan preservar los vínculos económicos y comerciales aun en ausencia de coincidencias políticas, tal como se procuró en su momento en la Alianza del Pacífico a pesar de las diferencias con Perú.
En el Caribe, la relación más relevante sigue siendo con Cuba. El reto en este caso consistirá en acompañar mediante la diplomacia el proceso de transición que se perfila a partir de las reformas anunciadas por el gobierno cubano. La asistencia humanitaria brindada por México resulta justificada ante las severas carencias del pueblo cubano; no obstante, más allá de la afinidad ideológica de la administración mexicana, se requerirá un elevado pragmatismo para evitar fricciones con Estados Unidos, tal como sucedió con las restricciones impuestas por Donald Trump al suministro de combustibles.
Unión Europea
Recientemente se firmaron el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Interino de Comercio con la Unión Europea. Una vez ratificados, estos instrumentos permitirán la exención de aranceles para el 99 % del comercio bilateral, lo que beneficiará de manera directa al sector agroalimentario y al campo mexicano, además de impulsar áreas como el comercio digital, las energías limpias y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.
Esto representa una oportunidad estratégica para elevar las exportaciones, diversificar los socios comerciales y consolidar vínculos con actores comprometidos con valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y la seguridad internacional. El reto principal en este rubro reside en evitar que la economía mexicana se limite a un modelo maquilador carente de valor agregado. Aunque existen avances modestos en la creación de empresas innovadoras, el margen de mejora sigue siendo amplio.
China
La política exterior hacia la República Popular China se ha caracterizado por una marcada ambivalencia o pragmatismo. Mientras que en el plano discursivo y en las visitas oficiales se reitera el interés de México por mantener una relación cercana, en la práctica el gobierno adopta una posición cautelosa frente a las presiones de Estados Unidos. Por un lado, se autorizó la apertura de un nuevo consulado mexicano en Chongqing (polo industrial y tecnológico); por el otro, se impusieron aranceles de entre el 15 % y el 50 % a diversos productos chinos.
Al mismo tiempo, se mantienen acuerdos de cooperación en materias como salud, innovación, educación y tecnología. Esta postura ha sido definida como un delicado equilibrio diplomático, comercial y geopolítico. Si bien no es habitual que Pekín acepte un trato de esta naturaleza, su interés por preservar el acceso al mercado norteamericano a través de México le lleva a tolerar este esquema.
La diplomacia presidencial
Aunque en una escala menor a la que exige el convulso contexto global, se observan señales de una mayor actividad en la diplomacia presidencial. La presidenta Claudia Sheinbaum ha participado en foros de relevancia internacional: viajó a Brasil para la Cumbre del G20, a Honduras para la IX Cumbre de la CELAC, a Canadá para la reunión del G7 y a Estados Unidos en el marco del sorteo de la Copa Mundial de Fútbol, ocasión que aprovechó para reunirse con Donald Trump y con el primer ministro canadiense Mark Carney a fin de abordar temas migratorios y comerciales.
Asimismo, realizó una gira por España (Madrid y Barcelona) para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, encuentro que sentó las bases para superar las diferencias diplomáticas iniciadas en el sexenio anterior y que culminó con la normalización de las relaciones bilaterales tras la visita del rey Felipe VI a México. Posteriormente, la mandataria volvió a viajar a Estados Unidos para la final de la Copa Mundial de Fútbol y sostuvo un nuevo encuentro con los líderes de la región.
Se ha anunciado también su asistencia a la reunión anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, con el propósito de recibir la sede para la edición de 2028, si bien su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana parece descartada por cruce de fechas. Es de esperarse que confirme su asistencia a la XXI Reunión del G20, que se celebrará en Miami, en el Centro de Congresos Trump, el 14 y 15 de diciembre.
En cualquier caso, el desafío de la mandataria consiste en sostener una presencia activa en la escena internacional, indispensable para la negociación directa, la construcción de alianzas estratégicas, el fomento de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa.
Los principios constitucionales de política exterior
Tanto en la presente administración como en la anterior, la apelación a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos ha funcionado como una plataforma para sortear dilemas complejos. Sin embargo, su aplicación ha sido selectiva y fuertemente marcada por el pragmatismo. Mientras se exige el respeto a la no intervención ante Estados Unidos, el gobierno no ha dudado en opinar sobre la política interna de otros países de la región, origen de los conflictos con Bolivia, Ecuador y Perú. Una ambivalencia similar se observa en el caso de Nicaragua, donde México se abstuvo en la OEA ante las resoluciones que condenaban la suspensión de procesos democráticos. El peor escenario para los principios se dio con los acontecimientos en Venezuela, respecto de los cuales hubo buenas declaraciones y comunicados de prensa en defensa de la no intervención, la paz mundial y la cooperación internacional, pero dando pasos cuidadosos para no lastimar la «delicada» piel del gobierno del vecino del norte.
El caso más delicado en este ámbito ha sido la postura frente a la invasión rusa a Ucrania, justificada en su momento bajo el argumento de la neutralidad. Si se revisa la trayectoria histórica de la diplomacia mexicana en la Sociedad de Naciones y en la ONU, se constatará una tradición constante de condena firme a cualquier agresión territorial o violación a la soberanía de los Estados. El desafío actual radica en recuperar esa línea institucional, pues el prestigio internacional de México se ha cimentado históricamente en la defensa del derecho internacional y de las naciones agredidas.
Por lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la postura oficial ha sido ambigua. Aunque la presidencia afirma reconocer tanto a Israel como a Palestina, en la práctica no se ha formalizado el reconocimiento pleno del Estado palestino, manteniendo únicamente una Oficina de Representación a cargo de un primer secretario. La condena a las acciones militares israelíes suele acompañarse de un llamado genérico a la paz y a la equidistancia que, en opinión de diversos especialistas, termina por acentuar las asimetrías existentes en la región.
El multilateralismo mexicano
Históricamente, México ha destacado por su defensa de los organismos internacionales, participando activamente en la Sociedad de Naciones, en la ONU y en otros foros en favor del desarme, la cooperación y el desarrollo. Sin embargo, esta vocación entra en contradicción cuando organismos internacionales señalan a México por deficiencias internas en materia de derechos humanos, como la tortura o la desaparición forzada, ante las cuales la respuesta institucional suele ser de rechazo inicial antes de adoptar gradualmente las recomendaciones.
El reto presente consiste en reafirmar el compromiso con el multilateralismo como el cauce idóneo para la resolución de controversias globales, reconociendo que las limitaciones de órganos como la ONU obedecen frecuentemente a la falta de voluntad de las grandes potencias, y asumiendo con apertura las observaciones internacionales encaminadas a mejorar la situación interna del país.
No sucede algo semejante en el multilateralismo regional. En la práctica, aunque seguimos participando formalmente en los organismos regionales, hay un notorio desinterés en ellos. Muestra de esto es el distanciamiento del gobierno mexicano, que se manifestó con claridad en el papel desempeñado por la anterior representante permanente de México ante la OEA y que se ha mantenido sin grandes cambios con el representante actual; me refiero a las actitudes casi retadoras en la Asamblea del organismo y a la abstención continua.
Otros espacios, como la Conferencia Iberoamericana, han quedado desde hace tiempo en manos de funcionarios de segunda o tercera línea, manifestando una marcada apatía hacia sus trabajos.
Por último, la CELAC, que tuvo un especial interés durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ahora se ha enviado a un lugar secundario y con seguridad quedará totalmente relegada si asumimos el giro en la línea ideológica de casi toda América Latina.
La política exterior feminista
En enero de 2020, México adoptó formalmente una Política Exterior Feminista orientada a promover la igualdad de género como política de Estado, tanto en el ámbito interno como en la acción internacional, impulsando el multilateralismo para combatir las brechas de género de forma coordinada.
En este marco, se han instrumentado medidas como el incremento en los nombramientos de mujeres al frente de embajadas y consulados, así como el establecimiento de cuotas de ingreso en los concursos del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Cabe señalar que, desde la incorporación plena de las mujeres al SEM en la década de 1960, el ingreso formal se dio en condiciones de igualdad salarial y prestacional; no obstante, el obstáculo histórico ha sido la escasa representación femenina en los rangos superiores del escalafón. Lograr la paridad sustantiva en los puestos de alta dirección sigue siendo la asignatura pendiente para los próximos años.
Conclusiones
El recorrido anterior reúne los ejes temáticos que resultan fundamentales en el debate presente y futuro sobre el rumbo de la política exterior de México. Los desafíos son diversos y de gran calado; corresponderá al gobierno mexicano definir la estrategia para hacerles frente con visión de Estado.
La relación con Estados Unidos es permanente: no hay otro camino que entendernos con ellos. Sí, representan siempre una amenaza, pero también pueden ser una ventana de oportunidades —ahí están el T-MEC, y antes el TLCAN, para comprobarlo—. La defensa de la no intervención en esta relación es fundamental, pero lo es por igual la cooperación. Si, por ejemplo, la solicitud de extradición se hace por vías diplomáticas, debemos responder en los mismos términos; si no se quiere extraditar de inmediato a funcionarios mexicanos, entonces debe investigárseles y, de resultar culpables, castigárseles en México para, de ser necesario, extraditarlos posteriormente.
La aplicación de principios como la no intervención requiere consistencia para no debilitar aún más el peso diplomático del país. Por otro lado, la adopción de la Política Exterior Feminista exige consolidar la paridad de género real en los niveles de toma de decisiones del Servicio Exterior.
Unas últimas palabras sobre el liderazgo del que siempre se habla con relación a la política exterior de México: en los discursos se escribe sobre la importancia de mantener o recuperar un liderazgo que supuestamente se ejercía en América Latina, principalmente en lo político, pero también en materia de respeto al derecho internacional. Creo que tal liderazgo, si bien se dio en algunos episodios históricos, ha sido más bien una ilusión. Por lo tanto, si se quiere hablar de un liderazgo efectivo, habrá que volver al activismo que se mostró en el pasado dentro de la Sociedad de Naciones y la Organización de las Naciones Unidas, así como en la lucha contra el armamentismo y en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional en general. [₪]
Licenciado y Maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM ; tiene una Especialización en Promoción Cultural por la UAM y ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en el área de Relaciones Internacionales. Autor de artículos publicados en revistas mexicanas y extranjeras. Diplomático retirado con rango de Embajador. Actualmente es profesor investigador de la Universidad del Mar, campus Huatulco, adscrito el Instituto de estudios Internacionales “Isidro Fabela”.